Acceso a los datos de los escolares para evitar fraudes
Nombre y domicilio. Estos serán los datos a los que podrán acceder las familias catalanas sobre otras que estén participando en el mismo proceso de matriculación escolar. Así lo confirmó ayer a Europa Press Meritxell Ruiz, directora general de Atención a la Familia y a la Comunidad Educativa de la Generalitat.
La disposición a estos datos “no íntimos”, como indica Ruiz puesto que no se incluyen otros aspectos como la renta familiar o la existencia de alguna discapacidad, tiene como objetivo que los padres denuncien a quienes puedan haber falseado el domicilio. La proximidad del alumno al colegio o instituto es, tras tener un hermano escolarizado en el mismo sitio, el criterio con más peso para ser aceptado en un centro escolar determinado.
Tan solo será posible que las familias puedan conocer los datos de aquellos alumnos que estén matriculados en el mismo curso que sus hijos. Desde el departamento de Educación de la Generalitat apuntan que la posibilidad de que se denuncie a quienes mienten sobre su domicilio no es un hecho novedoso y que esta nueva norma tan solo facilita la denuncia.
La petición de estos datos se realizará a través de los colegios e institutos, a quienes el departamento que dirige Irene Rigau (CiU) ya ha enviado las instrucciones necesarias. Luego serán los Ayuntamientos los encargados de verificar si la persona vive en ese domicilio.
Las familias interesadas en obtener esta información “deberán firmar un papel conforme quieren ver los datos”, afirmó ayer Ruiz. De esta forma al denunciado también se le informará si han accedido a consultar su domicilio. En el caso de que se confirme el fraude, el alumno perdería la plaza. Si el curso ya hubiese comenzado podría finalizar ahí “hasta el siguiente año cuando tendría que volver a participar en el proceso de preinscripción”, aclaró la directora general.
En unas declaraciones a Catalunya Ràdio, Esther Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Catalunya (FAPAC) en Tarragona”, reconoció que “puede haber un problema” con el fraude de los domicilios, pero se mostró contraria a la medida: “Enfrentar a familias y dar datos no es la mejor solución”.
Esta nueva normativa surge de la conjunción de la Ley de Protección de Datos y el Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas, que permite a los ciudadanos acceder a la información de cualquier proceso público en que se participa.