La calle es un prostíbulo
“No podemos hacer nada”, se queja un policía local que atiende la calle de Anselmo Calvo, “porque no tenemos capacidad de pedirle la documentación a cualquiera que pase por la calle”. “Deambular no está prohibido”, resume. Este agente del barrio de Velluters, en Valencia, encuentra incongruente la política en relación con la prostitución: “Las echaron de los locales, y ahora no quieren que estén en la calle”.
De hecho, a cualquier hora del día, pero, más aún, de noche, se pueden ver grupos esparcidos de prostitutas ejerciendo en plena calzada del barrio. Tres de ellas, dos rumanas y una marroquí, se quejan de que “hay que estar en la calle porque no hay dinero”, y alegan que ellas “no gritan ni hacen ruido” y que su horario no pasa de las seis de la tarde.
El panorama cambia en la calle de Viana. En este estrecho callejón se reúne al menos medio centenar de personas. Dos bares hacen la función de locales y hombres y mujeres pasean de un lado a otro bajo la mirada de dos coches de la Policía Local y otro de nacionales. “Yo no he hecho nada y no tengo nada que mostrar”, exclama una prostituta que dice proceder de Madrid y llevar en Valencia “un montón de años”. “Por no tener no tengo ni cuenta corriente”, advierte.
Por la noche, las fuerzas de seguridad desaparecen y el lugar se convierte en centro neurálgico de la prostitución en el barrio. A ambos lados de este callejón se concentran al menos 15 personas que miran de un lado a otro y comparten latas de cerveza. Una de las mujeres dice con claros síntomas de embriaguez que “ahora” no las dejan “en paz”. “Desde las seis o las siete de la mañana ya están aquí”, añade en referencia a la policía. Esta mujer, que prefiere no dar su nombre, considera que “si hubiera negocio” no tendrían que “malvivir” en las calles. Los proxenetas defienden con vehemencia la prostitución: “Es nuestra forma de comer, ¿cómo vamos a querer que nos la quiten?”.
Ricardo Bruguete, presidente de la Asociación de Vecinos de Velluters, insiste en que su reivindicación es “conseguir lo que sea con tal de que no haya prostitución en el barrio, y lo que se genera de ella”. Es decir, menudeo de droga, reyertas... “Nos da igual qué acciones lleve a cabo el gobierno, pero que funcionen”, añade Bruguete.
Valencia se ha quedado en dos o tres ocasiones al filo de regular la prostitución en la calle pero nunca lo ha hecho, a pesar de que el gobierno local, del PP, cuenta con mayoría absoluta desde 1995. Es de las pocas grandes capitales españolas que tiene esta asignatura pendiente. Barcelona aprobó en 2006 una ordenanza de civismo que sanciona la prostitución callejera si monopoliza el espacio público, si la negociación entre el cliente y la prostituta se produce a menos de 200 metros de un colegio, y si el acto sexual se realiza en la calle. La sanción solo se impone después de apercibir a clientes y prostitutas. Si no hacen caso a las indicaciones de la policía municipal para que despejen la vía, las multas oscilan entre 300 y 3.000 euros.
Ahora, Barcelona se propone endurecer estas penas. Se eliminará el preaviso. La Guardia Urbana impondrá directamente las multas y se introducirá una graduación de las sanciones. Sevilla sanciona al cliente, no a la prostituta. Y Madrid, al igual que Valencia, no tiene una ordenanza . El PP de Rita Barberá lo intentó hace cuatro años pero no hubo acuerdo con la oposición.
La presión de los vecinos de Velluters ha sido esencial para que el asunto se haya reactivado. El Grupo Municipal Socialista fue el que reclamó formalmente que se retomase la redacción de una ordenanza a principios de año. Ya ha habido una primera cita y se está a la espera de una segunda. “Buscamos en el primer encuentro una aproximación y estoy esperando a que me contesten. Ya dije en su momento que nuestra propuesta recogía un articulado muy concreto, sacado de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la propuesta que hizo el PSOE hace unos meses. Ellos proponían que se sancionara a todo el mundo y ahora dicen que a las prostitutas, no. Nosotros hemos planteado que se las sancione a las tantas veces de reincidir”, explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez. Dicho esto, precisa que la ordenanza no será la panacea. “La única eficacia es la vía penal, como ha hecho Suecia. Al cliente que pillas, lo denuncias”, argumenta.
El socialista Joan Calabuig no quiere cargar el peso de las sanciones sobre las prostitutas, el eslabón más débil. Lo ha puesto por escrito y enviado al gobierno local. Los socialistas exigen un plan de reinserción para las mujeres. Rosa Albert, edil de EU, se opone a las multas a las mujeres y exige un programa para ayudarlas a salir de ese mundo. Y Consol Castillo, edil de Compromís, cree que una ordenanza no sacará la prostitución del barrio pero sí un plan de revitalización.
José Cabrera, concejal de Seguridad de Valencia con los gobiernos socialistas, reconoce que el problema es de difícil solución y, “desde luego, no se resuelve exclusivamente con una ordenanza. Es un problema de índole social y hay que tratarlo como tal”.
Vicen Sanz, responsable del programa Jere-Jere de Cáritas, que ayuda a las mujeres que ejercen la prostitución, es concluyente: “Da igual si se multa a las prostitutas o a los clientes, al final las perjudicadas siempre son ellas”. Sanz insiste en que el único camino es reinsertarlas y para conseguirlo “faltan medios y recursos”. Los frutos de estos programas son largos, “la gente que está reinsertándose tarda una media de tres años como mínimo”.