HRW denuncia torturas en los centros para drogadictos asiáticos
Más de 350.000 personas en China y otros países del sudeste asiático han sido internadas de forma irregular, bajo la falacia de que van a recibir terapia, en centros de detención especiales para drogodependientes en los que acaban sufriendo distintas formas de tortura –violencia física y sexual–, según explica un informe publicado ayer por la organización Human Rights Watch (HRW). Un estudio que no ha pasado inadvertido en la Conferencia Internacional del Sida 2012, ya que la apertura y continuidad de estos centros fue apoyada por organismos como la ONU y otros donantes internacionales. Estos establecimientos están ahora negando a sus internos –“reiteradamente”, subraya el documento– el derecho a un tratamiento eficaz para el VIH y la dependencia de las drogas, a la vez que los someten a castigos como trabajos forzosos, conductas militares y maltrato.
El informe, titulado Tortura bajo el lema de tratamiento: Abuso de los derechos humanos en Vietnam, China, Camboya y República Democrática de Lao, consta de un total de 23 páginas en las que distintos detenidos cuentan sus experiencias. Algunos llegaron a estar cinco años recluidos. Quynh Luu, un antiguo interno que fue capturado cuando intentaba escapar, describe su castigo en el documento: “Primero me golpearon las piernas para que no pudiera salir corriendo, a continuación me electrocutaron el brazo y estuve en una celda de castigo durante un mes”. En algunos centros estas personas conviven incluso con gente sin hogar, con alguna discapacidad psicológica y con niños de la calle. La mayoría son normalmente recluidos contra su voluntad, son detenidos por la policía o ingresados de “forma voluntaria” por las autoridades locales o los propios familiares. “Muchas veces son presionados por su entorno para mantenerlos alejados. Una vez dentro, es muy difícil salir", relata el documento.
Investigaciones realizadas en China y Vietnam, explica el documento, muestran altos niveles de recaída en los internos e incluso un elevado riesgo a contraer VIH durante su estancia en los centros, sobre todo en aquellos encerrados por largos periodos. Las pruebas de detección en China eran obligatorias y frecuentes en este tipo de instalaciones, pero sus resultados casi nunca se comunicaban a los internos. “Me hicieron los análisis dos veces mientras estuve allí, pero nunca supe mi estado de salud. Cuando salí estaba tan enfermo que fui a una clínica. Tenía miedo de ser arrestado otra vez, pero tengo un hijo y no quería morir. Me volvieron a hacer pruebas y el resultado fue que padecía sida”, explica bajo anonimato un antiguo recluso de uno de los centros chinos. Según este expreso, “muchos consumen sustancias sin prevenciones higiénicas y practican sexo sin protección. No hay condones ni jeringuillas esterilizadas”. "Una cosa más que dificulta el fin de la epidemia del VIH en el mundo", dijo Chris Maggiolo, médico italiano presente en la conferencia.
“No hay ninguna duda de que existen tratamientos para las personas dependientes que concuerdan perfectamente con los derechos humanos; en cambio, ni las palizas ni la humillación forman parte de ellos”, señala en un comunicado Joe Amon, director de la División de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Al no hacer análisis de consumo de sustancias, esta situación provoca que se detenga a consumidores ocasionales o a personas sobre las que simplemente existe una sospecha”, añade.
En marzo de 2012, tras constatar estas prácticas, varias organizaciones mundiales firmaron una declaración conjunta en la que exigían el cierre de esta clase de centros, “pero todavía hay donantes privados que mantienen abiertas estas instalaciones y esto debería parar”, concluyen desde Human Rights Watch.