El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha dado un paso más en su defensa de los colegios concertados que solo admiten a alumnos y alumnas por separado. Está dispuesto a cambiar la ley si es necesario para que estos centros sigan recibiendo subvenciones. Wert intentaría blindar así a 70 colegios de enseñanza diferenciada ante las dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se fija que la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) no permite que se financien con dinero público.
Durante el anterior mandato del Gobierno del PSOE fue cuando se aprobó la LOE, en 2006. Además, los socialistas incluyeron la prohibición explícita de que esos centros reciban dinero público en otro proyecto de ley que no les dio tiempo a tramitar y aprobar durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Ante los vaivenes de la batalla judicial y política, lo que reclamaba hace unos días Joan Curcó, el director de Fomento de Centros de Enseñanza, la patronal vinculada al Opus Dei a la que pertenecen la mayoría de los colegios que segregan, es que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Curcó reconoció que la posibilidad de que el PP modifique ahora la norma no es descabellada. Pero añadió que la incertidumbre continuará cuando cambie el color político del Gobierno.
El Supremo basa el rechazo a que los centros que segregan sean financiados con fondos públicos en el artículo 84.3 de la ley que ahora se plantea cambiar el PP. En ese apartado se indica que, durante la escolarización en los centros públicos y concertados, "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición". El Supremo entiende que solo admitir chicos o chicas es discriminar. Sería bastante complicado que el Gobierno del PP asumiera el impacto de eliminar la referencia a la discriminación por sexo de la norma.
Wert, en una entrevista en la Cadena SER, ha mostrado este jueves sus cartas: "No es preciso tocar la descripción que se hace de las causas de discriminación que no son admisibles. Pero sí es posible hacer alguna referencia explícita a que esta modalidad de oferta educativa en determinadas condiciones no tiene por qué suponer ni discriminación ni segregación". Es decir, lo que haría el ministerio es incluir un apartado que deje claro que la educación diferenciada no implica discriminación en la escolarización y, por tanto, pueden seguir los conciertos.
Wert también ha reconocido que habrá que estar pendiente de lo que resuelva el Constitucional, algo que se dilatará bastante. El ministro espera que la modificación de la LOE empiece a tramitarse en los próximos meses.
Entre las razones que Wert ha dado para defender este tipo de enseñanza está un convenio firmado en 1960 con la Unesco en el que se señala que la educación diferenciada no es discriminatoria. Es el mismo razonamiento del voto particular que se incluye en los dos fallos del Supremo y que defiende las subvenciones.
El ministro ha empleado también otro argumento recurrente en los debates que afectan a la educación católica: el derecho constitucional a que los hijos reciban "la formación religiosa y moral" acorde con las convicciones paternas. En el caso de los centros que segregan, el Supremo sostiene que la pérdida de financiación no perturba "el derecho constitucional de los padres, que conservan el derecho de libre elección".
No es la primera vez que este tribunal aclara que este derecho no es un saco sin fondo. Cuando rechazó la objeción a Educación para la Ciudadanía —materia que Wert ya ha cambiado y que hará desaparecer de primaria— el Supremo afirmó que no lesiona la libre elección. El tribunal también rechazó que se dañe este derecho cuando los hijos no logran plaza en el colegio que desean sus padres.