Una escuela de Luisiana exige pruebas de embarazo a sus alumnas
El Departamento de Educación del Estado de Luisiana dio este martes un plazo de una semana al Instituto Público Delhi para que cambie la política del centro que obliga a las alumnas de las que sospeche que estén embarazadas a hacerse una prueba de embarazo y expulsa a quienes se opongan y a las que, finalmente, sí lo estén. El director del instituto indicó que había contratado a un grupo de abogados para que estudiaran la petición. Las clases comienzan el 15 de agosto.
El ultimátum llega un día después de que el grupo de derechos civiles Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en sus siglas en inglés) alertara sobre la política sobre embarazo del instituto en una carta remitida a su director, en la que se le exigía que la eliminara por ser inconstitucional. “Además de violar la Constitución, la norma incumple el Título IX de la Enmienda de Educación de 1972 que impide a las escuelas excluir a cualquiera de sus estudiantes de las clases o de cualquier actividad ‘basándose en el embarazo de un alumno, un falso embarazo, el parto o la recuperación del mismo”, denunciaba en la misiva Marjorie R. Esman, directora ejecutiva de ACLU.
De acuerdo con las normas sobre embarazo de estudiantes del Instituto Delhi, aprobadas en 2006 y publicadas en la página web: “Cualquier alumna de la que se sospeche que pueda estar embarazada y que se niegue a someterse al test de embarazo será considerada como si efectivamente estuviera embarazada y se le ofrecerá la oportunidad de que estudie desde casa. Si no la acepta, se le aconsejará que busque otro lugar donde continuar su formación”.
En el comunicado que el director del instituto, Chris Broussard, remitió el miércoles al diario Daily News, éste se sorprendía de que las normas violaran la Constitución. “Nunca habíamos tenido ninguna queja ni de los alumnos ni de sus padres sobre la política de embarazo”, indicaba Broussard. “El Instituto Público Delhi no se ha puesto en contacto con nosotros y no sabemos exactamente qué hará, si eliminará la medida o la suspenderá”, explica Esman por teléfono. La activista indica que en una “comunidad pequeña y de extracción rural” como Delhi “es lógico” que pocas estudiantes se atrevían a denunciar la política del centro que “está basada en el estereotipo arcaico de que una estudiante embarazada es un mal ejemplo para sus compañeras por haber quebrantado las supuestas normas de buen comportamiento”, dice.
El Instituto Delhi es un centro público que, además, se beneficia de subvenciones estatales adicionales. El 23% de los 600 alumnos de la institución pertenecen a minorías, el 5% son discapacitados y el 53% tienen derecho a menú escolar gratuito o a mitad de precio. Para formar parte del programa de ayudas estatales, los colegios deben cumplir estrictamente con las normas federales y estatales de educación. Esman no se explica cómo al Estado de Luisiana se le ha podido pasar desapercibida durante estos años la política sobre embarazo del Instituto Delhi en sus evaluaciones. “Puede deberse a una negligencia, no lo sé, pero las reglas están publicadas en su página web”, indica.
Este periódico no ha recibido contestación por parte del Departamento de Educación de Luisiana a cerca de cómo no se percataron antes de la existencia de estas normas ni de qué sanciones podrían recaer sobre el centro. Después de contactar en varias ocasiones con el Instituto Delhi, tampoco ha recibido una respuesta concreta sobre cómo va a cumplir con las exigencias de las autoridades para que cambie su política.
El caso de Luisiana no es aislado, muchos otros colegios no ofrecen el mismo trato a las alumnas que están embarazadas, según un informe publicado en junio por el Centro Nacional de Leyes de la Mujer. “Pese a los muchos avances en la educación de las mujeres y las niñas desde 1972, muchas escuelas siguen impidiendo a sus alumnas embarazadas o que han sido madres que participen en sus actividades, expulsándolas, presionándolas para que cambien de centro y sancionándolas por faltar a clase por tener que ir al ginecólogo”, indicaba el informe.
ACLU ha denunciado a un colegio de Nuevo México, controlado por la Oficina Federal de Asuntos Indios, por haber reincorporado a una chica de 15 años a quien primero expulsaron por estar embarazada, tras obligarse a hacer público su embarazo ante todos los alumnos. “Hay muchísimos situaciones similares, pero muy pocos se denuncian. Si no los conocemos, no podemos hacer mucho”, se lamenta Esman.