Tras el consenso entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para demolerlo, el proyecto del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), sufre un nuevo golpe. En este caso, a la actuación del alcalde de la localidad, Salvador Hernández. La Fiscalía de Medio Ambiente de Almería ha presentado una denuncia contra el primer edil por “tratar de legalizar la construcción del complejo”, según Ecologistas en Acción.
La fiscalía acusa al alcalde de un presunto delito de prevaricación y desobediencia por mantener la clasificación de El Algarrobico como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo dictasen lo contrario. También se le imputa un presunto delito de desobediencia al no respetar la servidumbre de protección de 100 metros establecida por el Supremo, según la sentencia del 21 de marzo de 2012. “El Ayuntamiento sigue manteniéndola en los 20 metros”, afirma el portavoz de los ecologistas en Almería, José Ignacio Domínguez.
El alcalde ha mostrado esta mañana su “respeto” a la decisión de la fiscalía y ha asegurado que no ha recibido ninguna notificación. El primer edil, quien ha abogado por la apertura del inmueble para “reactivar” el paraje, ha culpado a la Junta y al equipo de gobierno de la anterior legislatura —dirigido por el socialista Cristóbal Fernández— de la situación actual de El Algarrobico. “Esto no es de ahora, sino que viene de atrás. Este Gobierno no ha tocado nada del paraje, se mantiene tal como estaba desde 2009”, asegura.
Según el comunicado de la organización ecologista, que se personará como acusación popular en la causa abierta contra el regidor, a Hernández también se le acusa de instar a la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense y a la de Municipios del Bajo Almanzora a que aprueben mociones para urbanizar El Algarrobico.
“Vamos a ir tirando de la manta para pedir que se depuren responsabilidades y que todo aquel que haya apoyado este proyecto dé la cara”, reconoce Domínguez, quien cree que Fernández será el segundo en sentarse ante el fiscal ya que la licencia del proyecto se aprobó durante su mandato.