La Ley de Costas cambia 24 años después
La Ley de Costas, una de las principales y más duraderas leyes de protección natural, la norma que intentó salvaguardar al menos la playa del ladrillo, está a punto de sufrir su primera reforma de calado. El Consejo de Ministros estudiará mañana el borrador diseñado para modificar la ley, que fue aprobada en 1988 tras una polémica tramitación. Previsiblemente, la reforma alargará las concesiones a las casas construidas sobre la arena, permitirá nuevos usos en el litoral y faciltará los trámites para privatizar terrenos degradados. El cambio ha levantado a los ecologistas pero también a expertos en urbanismo. En cambio, los propietarios de viviendas en primera línea esperan ansiosos un nuevo marco legislativo que acabe con sus problemas legales. En la presentación de su informe anual sobre la destrucción del litoral, Greenpeace ha criticado hoy "la amnistía" que prepara el ministro de Medio Ambiente a las viviendas construidas en la playa.
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria no impide que lo ya construido dañe gravemente el litoral, según Greenpeace. La ONG señala que cada año hay que invertir 100 millones de euros en "actuaciones como regeneración de playas, dragados, espigones y reconstrucción de paseos marítimos", lo que califica como "parches que podrían evitarse con una política de gestión integral de la costa". Greenpeace ha elegido ejemplos sobre lo que aporta una costa bien conservada, desde el buceo en la isla de El Hierro, el litoral de Doñana o la Albufera de Valencia.
Pero, según estos, el Gobierno va en la dirección contraria que su reforma de la ley que "parece obedecer a un anhelo de contentar a aquellos que permitieron determinadas barbaridades en el litoral". "Nos tememos que el nuevo texto de la Ley de Costas significará un retroceso en la conservación del litoral", declaró Pilar Marcos, responsable de Costas en Greenpeace.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en enero la "muy profunda" reforma de la ley. Cañete sí ha insistido en que no tolerará ningún Algarrobico, que ha achacado una y otra vez a la gestión socialista. No parece que la reforma vaya tanto en la línea de facilitar la construcción en primera línea, pero sí en la de suavizar las condiciones que imponía la ley a lo ya construido en dominio público. La norma daba un plazo de 30 años (ampliables a 60) de concesión para mantener las casas construidas legalmente sobre la arena antes de su entrada en vigor.
La declaración de dominio público establecida en 1988 supone una "muy singular forma de expropiación", como la definió el Tribunal Constitucional en 1991, en la sentencia en la que avaló la mayor parte de la norma. Los terrenos pasan a ser propiedad del Estado, pero este no paga dinero a los dueños. La compensación es una concesión por 30 o 60 años para mantener allí la actividad existente. Pero no pueden vender el suelo ni construir.
Así que a partir de 2018 empezarán a caducar con lo que el Estado podría derribar miles de viviendas sin indemnización. Al acercarse la fecha, y al sumarse colectivos de extranjeros afectados, ha crecido la presión para modificar la ley -que el PP apenas tocó en los ocho años del Gobierno de Aznar y que el PSOE modificó puntualmente a través de otras leyes-.
Una de las cosas que hará la ley, según ha anunciado Cañete, es ampliar las concesiones, que podrían acercarse a los 75 años que otorga el Estado en otras legislaciones. A cambio, los propietarios deberían pagar un pequeño canon, del que ahora están exentos. Además, se facilitará el trámite de la desafectación -el que permite privatizar el dominio público marítimo-terrestre- y se aplicará a casos en los que el litoral esté degradado.
Los afectados por la ley han pedido en reiteradas ocasiones al Ejecutivo que suavice la definición de dominio público, que hasta ahora incluye criterios geográficos, como la arena o el lugar al que llegan los mayores temporales conocidos. Eso hace que sean dominio público terrenos incluso 4,8 kilómetros tierra adentro, como ocurre con las dunas en el Parque Nacional de Doñana.
La ley también flexibilizará las condiciones de los chiringuitos de playa, una bandera del PP, especialmente en Andalucía, y que actualmente no pueden tener más de 150 metros cuadrados. Ya hay quien planea uno de mil metros que espera que pueda funcionar gracias al cambio. El objetivo declarado del Gobierno es facilitar el turismo, la actividad económica en la costa. El plan integral del Turismo, del Ministerio de Industria, incluye "introducir la perspectiva de turismo" en la Ley de Costas.